La jurisprudencia de distintos países ya ha fijado algunos criterios sobre la tributación de los criptoactivos, aunque sigue sin existir un tratamiento fiscal internacional uniforme. Un análisis publicado por Mercojuris recoge resoluciones de la Unión Europea, Alemania, España, Francia, Países Bajos, Estados Unidos, India, Canadá y Perú, y advierte de que cada fallo debe interpretarse dentro del sistema jurídico que lo dictó.
«No existe consenso a nivel internacional sobre el tratamiento impositivo» de las criptomonedas, según la síntesis de un informe del Banco Interamericano de Desarrollo citado por Mercojuris.
El estudio también cita al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, que señala que en los países analizados suelen aplicarse las figuras fiscales ya existentes ante la falta de una regulación específica. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos comprobó, por su parte, que la mayoría de los Estados considera las criptomonedas una forma de propiedad.
Resoluciones europeas sobre el tratamiento fiscal
En la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció en el asunto Hedqvist (C-264/14, 2015) que el cambio de bitcoin por moneda tradicional, y la operación inversa, constituye un servicio de cambio exento de IVA. Según el análisis, esa exención no se extiende automáticamente a servicios como la custodia, las comisiones o la minería.
En Alemania, el Tribunal Federal de Finanzas calificó bitcoin, ether y monero como «otros bienes» en su sentencia IX R 3/22, de 14 de febrero de 2023. La venta o el canje realizado dentro del plazo analizado por el tribunal puede generar una ganancia gravable, y el intercambio entre criptoactivos se considera una disposición.
- El TJUE abordó el IVA aplicable al cambio de bitcoin por moneda tradicional.
- El tribunal alemán trató bitcoin, ether y monero como otros bienes a efectos de renta.
- Una resolución del País Vasco cuestionó la aplicación automática del método FIFO.
El criterio judicial citado en España
En España, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló, según Mercojuris, una liquidación que había aplicado el método FIFO a operaciones con criptomonedas. La sentencia 37/2025 consideró que esa aplicación carecía de base normativa suficiente, en contraste con el criterio mantenido por la Dirección General de Tributos.
El análisis menciona además la sentencia 53/2025 del Tribunal Supremo, relativa a acciones, sobre la necesidad de acreditar el negocio jurídico en los casos de pérdidas. Mercojuris señala que esa resolución solo puede utilizarse como referencia analógica y no como una decisión específica sobre criptoactivos. Estos pronunciamientos no sustituyen el criterio de la Agencia Tributaria ni constituyen asesoramiento fiscal personalizado.
