El Consejo Legislativo de Hong Kong ha aprobado una norma que amplía las obligaciones de información sobre las operaciones con criptoactivos. La regulación obligará a determinados proveedores vinculados con la ciudad a verificar a sus clientes y remitir informes anuales al Departamento de Impuestos Internos.
La recopilación de datos comenzará el 1 de enero de 2027. Según informó DiarioBitcoin, citando a Crypto Briefing, los primeros intercambios automáticos de información fiscal con otras jurisdicciones están previstos para 2028. El calendario sitúa la aplicación de la medida antes del primer envío internacional de datos.
Adopción del marco CARF
La legislación incorpora el Marco de Información sobre Criptoactivos (CARF) desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). También introduce cambios en las reglas del Estándar Común de Información, el sistema utilizado para facilitar el intercambio de información financiera entre administraciones tributarias.
El texto aprobado se denomina proyecto de ley de 2026 de la Ordenanza de Impuestos Internos (Enmienda) (Marco de Información sobre Criptoactivos y Estándar Común de Información Modificado). Su objetivo es que las autoridades dispongan de más datos sobre las operaciones con activos digitales dentro de los mecanismos fiscales ya existentes.
Qué deberán hacer los proveedores
Las obligaciones afectarán a los proveedores de servicios de criptoactivos incluidos en el ámbito de la norma. Entre las principales actuaciones previstas figuran:
- Identificar y verificar a los clientes.
- Recopilar información sobre las operaciones y las cuentas cubiertas.
- Presentar informes anuales al Departamento de Impuestos Internos de Hong Kong.
- Facilitar el intercambio automático de esos datos con otras jurisdicciones a partir de 2028.
La aprobación se produjo el 4 de noviembre de 2026, según el relato difundido por DiarioBitcoin. La norma no crea un impuesto específico sobre bitcoin, ether u otras criptomonedas y tampoco fija por sí sola una nueva cantidad que deban pagar los contribuyentes.
La medida busca aumentar la visibilidad fiscal de las operaciones con activos digitales y someterlas a los sistemas de intercambio de información previstos por el marco internacional de la OCDE. Su aplicación se centrará en la comunicación de datos por parte de los proveedores cubiertos, no en la creación de una nueva figura tributaria.
