Un jubilado de 75 años de Vigo perdió más de 190.000 euros en una presunta estafa de recuperación, según informaron Atlántico y La Región. Una mujer se presentó como «cripto reguladora de MiCA» y le aseguró que Kraken retenía 73.410 euros procedentes de una operación anterior. El nombre de la plataforma y el de Deloitte se habrían utilizado como reclamo, ya que ninguna de las dos entidades tiene relación con el caso.
Pagos para liberar unos fondos inexistentes
La víctima ya había perdido 10.000 euros en 2022 en una cuenta de Estonia. Según el relato publicado por los dos diarios, la nueva interlocutora le dijo que podía recuperar aquella cantidad junto con los intereses acumulados. Para desbloquear el supuesto saldo, le reclamó distintos pagos asociados a trámites y controles.
- Gastos de notaría.
- Validación de identidad y trazabilidad.
- Una póliza de seguro.
- Una «multa de regularización».
El hombre terminó realizando 33 transferencias por 185.883 euros. Con las comisiones, la pérdida total supera los 190.000 euros. Para afrontar los pagos, vendió el coche y otros bienes, según su testimonio.
«Me robaron los ahorros de toda una vida de trabajo», resumió la víctima a Atlántico y La Región.
La investigación periodística señala que el dinero pasó por ocho cuentas situadas en distintos países, desde Malta hasta Singapur y Kingstown, en San Vicente y las Granadinas. Una parte habría terminado en empresas que convertían los fondos en criptomonedas. El afectado también recibió en una de sus cuentas una transferencia de 22.653 euros, por lo que sostiene que pudo ser utilizado para blanquear dinero.
La posible responsabilidad de los bancos, pendiente
El jubilado afirma que ningún banco le alertó durante la operación. Según su relato, dos entidades rechazaron detener los pagos cuando detectó el fraude y una tercera no respondió. Por ello, estudia pedir que se las considere «colaboradores necesarios» por un supuesto incumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo supervisada por el Sepblac.
Esa pretensión pertenece por ahora al planteamiento de la víctima: no existe una decisión judicial que atribuya responsabilidad a las entidades. El caso refleja el funcionamiento de las llamadas estafas de recuperación, dirigidas a personas que ya han sufrido una pérdida y a las que se promete recuperar su dinero a cambio de nuevos desembolsos. Ni los supervisores ni Kraken solicitan pagos para devolver fondos, según la información publicada.