La Comisión Europea ha dado a España un plazo de dos meses para incorporar a su legislación la directiva DAC8, que amplía el intercambio automático de información fiscal a las operaciones con criptoactivos. Si el Gobierno no completa la transposición dentro de ese periodo, Bruselas podrá llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Qué cambia con la DAC8
La norma europea extiende al ámbito de las criptomonedas un sistema de cooperación tributaria que ya se aplicaba a las cuentas bancarias. Su objetivo es que las administraciones fiscales puedan conocer determinadas operaciones realizadas por contribuyentes a través de proveedores de servicios de criptoactivos.
En la práctica, las plataformas y otros proveedores afectados tendrán que recopilar datos que permitan identificar a sus usuarios y comunicar información sobre sus operaciones a las autoridades tributarias. Entre las actividades incluidas figuran:
- la compra y venta de criptoactivos;
- las permutas entre distintos tokens;
- determinadas transferencias de criptoactivos.
Después, las administraciones tributarias compartirán esos datos entre sí. De este modo, la información sobre un residente español que opere en una plataforma establecida en otro Estado miembro podrá llegar a la Agencia Tributaria mediante los mecanismos de cooperación fiscal de la Unión Europea.
España afronta la fase previa a la vía judicial
La advertencia se produce en una fase avanzada del procedimiento de infracción empleado por la Comisión cuando un Estado miembro no incorpora a tiempo una directiva a su ordenamiento jurídico. El plazo de dos meses corresponde habitualmente al llamado dictamen motivado, que constituye el último paso antes de que Bruselas pueda recurrir al TJUE.
La DAC8 fue aprobada por los Estados miembros en 2023 y se inspira en el marco de reporte de criptoactivos de la OCDE, conocido como CARF por sus siglas en inglés. Ese estándar internacional también está siendo adoptado por países ajenos a la Unión Europea. La aplicación práctica de la directiva dependerá de las normas nacionales que incorporen sus obligaciones y de los procedimientos que establezcan las autoridades tributarias.
El intercambio de información no elimina los riesgos propios de los criptoactivos ni convierte sus operaciones en productos sin volatilidad. El valor de estos activos puede caer y cualquier tratamiento fiscal concreto depende de la normativa aplicable y de las circunstancias de cada contribuyente.